15/12/2017 13:02

Jordi Sànchez pide al Supremo poder salir de prisión para ir a actos campaña

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, encarcelado desde el pasado 16 de octubre por un presunto delito de sedición, será el número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, que encabezará Carles Puigdemont, según han confirmado fuentes conocedoras de los contactos para confeccionar la lista. Sánchez era uno de los nombres que el expresidente de la Generalitat deseaba, desde hace días, poder incorporar a su lista, en la que tendrán un notable protagonismo los perfiles independientes, a costa de que pierda peso el PDeCAT.

nacional | 07.12.2017 - 14:55h

EFE

La defensa del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha pedido al Tribunal Supremo que le autorice salidas puntuales de prisión para participar en actos de la campaña catalana y debates en los medios, si fuera necesario con custodia policial.

La defensa de Sànchez ha presentado un nuevo escrito ante el Supremo, al que ha tenido acceso Efe, en que apela al derecho de su cliente a participar en la campaña electoral, por lo que pide que se le permita acceder a internet "en un horario amplio" y conceder entrevistas a los medios desde la cárcel de Soto del Real en que está interno.

En caso de denegar su salida de prisión, Jordi Pina, abogado de Sànchez, solicita a la sala de lo penal del Supremo que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) para que resuelva si su interpretación de la ley penitenciaria es acorde con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En su escrito, el letrado recuerda que las encuestas apuntan a que Sànchez cuenta con una "elevada probabilidad de obtener representación parlamentaria" y reclama al Supremo que permita a su cliente "intervenir en condiciones de máxima igualdad posible con los restantes candidatos en la campaña electoral".

En opinión de la defensa, "por su propia credibilidad tanto interna como internacional", el Supremo debería otorgar esas salidas para que la campaña electoral tenga "la máxima normalidad posible, lo que exige que los diversos candidatos puedan hacer llegar, en pie de igualdad, su propio programa electoral a los ciudadanos catalanes".

Además de salidas puntuales para participar en actos de campaña de JxCat y en "aquellos debates electorales a los que sea invitado por los medios de comunicación", la defensa pide que se permita a Jordi Sànchez atender desde prisión a los medios de comunicación que quieran entrevistarle.

El letrado reclama además a la sala de lo penal del Supremo que se autorice a Jordi Sànchez a acceder a internet "en un horario amplio que le posibilite intervenir en la campaña", de forma que pueda dar a conocer las propuestas de su candidatura a través de la red.

Paralelamente a esta petición, el exlíder de la ANC -a quien el juez del Supremo Pablo Llarena acordó el pasado lunes mantenerlo en prisión preventiva- ha pedido al magistrado volver a prestar declaración, en esta ocasión para responder por el fondo de la causa en la se le investiga por el proceso independentista, y no solo sobre su permanencia en prisión, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

La estrategia de Sànchez se suma a la de la defensa del exconseller Joaquim Forn, quien el pasado martes presentó un nuevo escrito ante el Supremo en que pedía comparecer ante Pablo Llarena para declarar "profusamente" sobre la causa por rebelión en que se le investiga, a diferencia del pasado viernes, en que los interrogatorios de los exconsellers se ciñeron a las circunstancias que permitirían revisar su estancia en prisión preventiva.

Por el contrario, la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras -a quien Llarena decidió mantener en prisión junto a Forn y los líderes de ANC y Òmnium Cultural- descarta de momento solicitar una nueva declaración de su cliente y tiene previsto presentar en los próximos días un recurso de apelación contra la prisión ante la sala de lo penal del Supremo, según fuentes jurídicas.

Junqueras, como el resto de exconsellers que declararon el pasado viernes, afirmaron ante Pablo Llarena acatar el artículo 155 de la Constitución y actuar en un futuro dentro de los cauces legales, pero el juez acordó mantenerlo en prisión para evitar que vuelva a incitar una "explosión violenta" en el proceso independentista.

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